No sé si lo sabéis, pero la Unión Europea se ha puesto seria con las redes sociales. Lo cuenta bien por aquí Delia Rodríguez cuando explica que la UE ha llamado al orden a plataformas como X/Twitter o Tik Tok por permitir que se difundan toneladas de desinformación sobre la matanza de judíos por parte de Hamas en el sur de Israel y la respuesta sobrecogedora del ejército hebreo bombardeando Gaza.
De fondo, una ley a la que no le estamos haciendo el caso que se merece, la Digital Services Act, que ha entrado en vigor hace tan solo unas semanas y que incrementa los controles sobre aquellas empresas tecnológicas que tengan más de 45 millones de usuarios en el continente.
En total, el cerco se sitúa sobre 18 de estas compañías, a las que amenaza con sanciones de hasta el 6% de su facturación si siguen violentando la privacidad de sus usuarios, rapiñando datos de sus clientes para ganar dinero con la publicidad personalizada y distribuyendo noticias falsas como si no hubiera un mañana para seguir haciendo caja con las visitas.
Vamos a ver cómo va esto, pero, si lo unimos a las demandas de Estados Unidos contra Google y contra Amazon, estos movimientos nos muestran por dónde va a ir el camino de nuestra relación con las plataformas tecnológicas. O cumplen con las leyes de las que nos hemos dotado o vamos al choque con ellas. La actuación de la mayoría de las plataformas, tal y como están concebidas, tiene unos efectos colaterales que no tenemos ni debemos de aceptar. No todo vale para hurgar en nuestra atención y hacerse con todos nuestros datos. Y este periodo de más de veinte años en el que estos canales sociales han hecho un negocio extraordinario con métodos cuestionables en algunos casos tiene ya fecha de caducidad. Su patente de corso se está desactivando.